Por Mariella Tornago
A treinta años de celebrada la primera Cumbre Mundial “Hábitat I”, en Vancouver los pobladores, los ciudadanos del mundo, constatamos un retroceso muy marcado de las condiciones de vida así como de los derechos inalienables que tenemos todos sus habitantes.
Al cabo de este tiempo no se ha cumplido ni siquiera de manera muy parcial con los objetivos y metas allí trazadas: el 15% de la población mundial está bajo desalojo a causa de las inversiones extranjeras en los países endeudados o en transición hacia la economía de mercado (como el caso de Karachi, Mumbai, New Delhi y Istanbul), las privatizaciones del sector y la liberalización del mercado inmobiliario (en gran parte de Europa, Rusia incluida, y EE.UU.), por limpiezas étnicas (desde la ex Yugoslavia hacia el Reino Unido), ocupaciones y guerras (Palestina y otras), especulaciones humanas sobre los desastres naturales, como en el caso del Tsunami y de New Orleans.
En este contexto la idea de basar las políticas públicas en la formalización de los informales por medio de la simplificación de normas administrativas, y con la progresiva desaparición de la referencia al "derecho a la vivienda” también en los textos de UN-Hábitat, es de una superficialidad o ingenuidad impresionante.
El desarrollo armónico de las ciudades, el respeto de los derechos fundamentales de las personas y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones, exige hoy más que nunca el establecimiento de un nuevo pacto social urbano que concierne a todos (associaciones de habitantes y movimientos sociales urbanos, autoridades locales y gobiernos, investigadores militantes y otros operadores) compartiendo principios (vivienda y ciudad como derechos, intervención pública, sustentabilidad, igualdad y no discriminación).
Fuente: Alianza Internacional de Habitantes (enlace directo)
Por Mariella Tornago