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La participación ciudadana en el proceso de la reforma del estado

Fecha de creación

Lunes, Abril 14, 2008 - 07:41

La democracia en México, aunque ha registrado avances significativos, no ha sido capaz de acreditar con nitidez su capacidad de gobierno, su capacidad para dar respuesta eficaz a las demandas de la sociedad y para procesar institucionalmente los distintos conflictos inherentes a toda sociedad plural y diversa.
Las evidencias del agotamiento del modelo de gobernabilidad basado en el presidencialismo autoritario se multiplican. Frente a esta realidad, las organizaciones que conforman el Consejo del Observatorio Ciudadano de la Reforma del Estado pretenden impulsar un proceso amplio de transformación del andamiaje institucional del Estado mexicano que favorezca la gobernabilidad democrática y que inaugure una nueva modalidad de relación entre el Estado y la sociedad.

Según la Ley, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) debió actuar en función de la regla de construir acuerdos con base en el mayor consenso posible. Pero, en la práctica, y contrariamente a la regla de la búsqueda del mayor consenso posible, los partidos entendieron los grupos de trabajo como instancias cuasi legislativas y, más que buscar consensos, desplegaron estrategias enfocadas a vetar posibles acuerdos.

La dinámica concreta de la construcción de acuerdos no ha evolucionado en conformidad con lo que la Ley para la Reforma del Estado había previsto. A partir de esta constatacion hay que plantearse cuales son las estrategias que deben adoptar las organizaciones ciudadanas para impulsar sus temas y para colocar la discusión y la negociación más allá de la lógica de los partidos.

Los autores de este escrito, desde la perspectiva de que la reforma del Estado también una responsabilidad de la ciudadanía, proponen construir un espacio de reflexión y de generación de opinión pública, dirigido a fortalecer la capacidad de incidencia de la sociedad civil. El objetivo debe ser promover una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión con el fin de establecer el reconocimiento de la sociedad civil como un interlocutor con derecho a expresar y promover sus puntos de vista y sus propuestas.


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