A pesar de los innumerables propósitos de reforma, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen empleando sus ayudas para que los países en vías de desarrollo apliquen políticas económicas inadecuadas, con la aprobación tácita de los gobiernos de los países ricos. Estas condiciones de política económica menoscaban la elaboración de políticas nacionales, retrasan los flujos de ayuda y, con frecuencia, impiden su distribución a los más pobres. Si el mundo desea marcar un hito en cuanto a la pobreza, esta práctica debe interrumpirse. Las ayudas deben estar basadas en la transparencia y en la reducción de la pobreza, y en ninguna otra cosa.
Claro está que las ayudas deben incluir algunas condiciones. Los países ricos tienen derecho a saber cómo se han empleado sus ayudas. Ellos y los ciudadanos de los países pobres también tienen derecho a esperar que las ayudas se utilicen para combatir la pobreza.
Lo que los países ricos no tienen derecho a hacer es utilizar sus ayudas para promover reformas de política económica, como privatizaciones o liberalizaciones en los países pobres. Pero esto es exactamente lo que el Banco Mundial y el FMI siguen haciendo, con el apoyo tácito de los países ricos que los integran. El condicionamiento de la política económica impide el funcionamiento de las ayudas, menoscabando la elaboración de política nacional, algo imprescindible para que el desarrollo sea satisfactorio. Puede dar lugar a flujos de ayuda impredecibles e «intermitentes». Y puede implicar que los países pobres tengan que aplicar políticas fundadas en la doctrina y la ideología en lugar de en la evidencia.
Las condiciones de política económica deben atribuirse en primer lugar a los países y, en segundo lugar, deben fundamentarse en el análisis del impacto que la política tendrá en los pobres antes de su aplicación.
Sin embargo, hay constancia de que hasta la fecha el Banco Mundial y el FMI no han logrado abandonar el hábito. Por último, ambas instituciones no están evaluando sistemáticamente la repercusión que las reformas de política económica tienen en los pobres.
Este artículo pone de manifiesto precisamente cómo la condicionalidad puede ser perjudicial. Examina el caso de Mali, donde lejos de impulsar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, las condiciones impuestas han aumentado los precios de la electricidad y probablemente perjudicarán a los cultivadores de algodón, retrasando lo flujos de ayuda y menoscabando la autoría de las políticas por parte de los países.
