Democracia

La democracia es una forma de organización política que se caracteriza por otorgar el poder al conjunto de los miembros de la comunidad. La toma de decisiones colectiva tiene lugar mediante la participación directa de sus miembros a partir de métodos variados de deliberación y de voto. Muchas formas de democracia se han desarrollado en diferentes culturas a lo largo de la historia humana, entre ellas, el régimen de las ciudades griegas de los siglos V-IV AdC que dio nombre a este sistema político. Con la modernidad, las sociedades de masas han desarrollado las democracias representativas de tipo liberal en las que la ciudadanía vota entre un número restringido de partidos políticos de los cuales emerge un gobierno y un parlamento. A principios del siglo XXI este es el sistema dominante entre los 200 Estados-nación aunque muchos aún no son genuinamente democráticos, y su vigencia en las instituciones internacionales es mucho menor y en el sector privado apenas marginal.

Esta democracia se enfrenta al desafío de una grave crisis multifacética que afecta a la civilización moderna en todas sus vertientes: económica, social, cultural, política, ecológica o psicológica, entre otras, y que engloba problemas dispares pero interrelacionados, como el caos financiero mundial y la falta de legitimidad de las clases políticas. La acumulación de poder internacional económico y financiero repercute en el desmantelamiento del Estado de bienestar y de los derechos cívicos y políticos, incluso en países en que éstos eran fuertes e inamovibles hasta hace poco tiempo. Como parte de este proceso, la democracia, otrora un aspecto fundamental de la gobernanza de muchas sociedades, corre el riesgo de convertirse en un elemento residual.

Por todo ello, esta democracia deslegitimada y en crisis no durará mucho tiempo en su estado actual; sólo puede transformarse o morir. Su muerte puede acontecer por imitación, extensión y consolidación de regímenes autoritarios cuyas sociedades se están modernizando, especialmente en Asia. Su transformación implica afrontar al menos tres desafíos: el desafío de la participación, el de la inclusividad y el de la escala. En primer lugar, se trata de transformar el régimen representativo actual en una democracia evolutiva que responda a las necesidades sociales y al desarrollo de una mayor y mejor participación ciudadana. Esta democracia debería, en segundo lugar, incluir a todos los sectores de la sociedad: fábricas, escuelas, comercios, medios, consumidores, multinacionales. Finalmente la democracia debería extenderse a todas las escalas del territorio, del local al mundial, y ser capaz de articularlas de forma comprensiva y eficaz.

La transformación de la democracia implica así un proceso que va más allá de la simple imposición de un poder o siquiera de un nuevo régimen político. Se necesita una mutación civilizacional de la que la transformación política sea sólo un aspecto. Aunque quizás no es realista prever que esta revolución ocurra en un futuro cercano, es apremiante enunciar su necesidad e insistir en la diversidad de factores concernidos (participación, inclusividad y escala) y su mutua interdependencia, considerando además otros elementos condicionantes como una opinión pública sensibilizada, una ciudadanía y una sociedad civil protagonistas del proceso democrático, una transparencia radical en los procesos de toma de decisiones y una importante dinámica pedagógica.

Una democracia evolutiva hacia una completa emancipación ciudadana

Para diferenciarla de otros modelos, la democracia liberal existente ha recibido por los estudiosos el nombre alternativo de “poliarquía”. Una poliarquía es un sistema que distribuye algunas parcelas de poder a los diferentes sectores y estratos sociales sin cuestionar el dominio de las élites ni marcarse como objetivo real, aunque fuera a largo plazo, el establecimiento de un gobierno del pueblo. Este sistema solamente garantiza cierta pluralidad mediante un espectro limitado de partidos políticos, un sistema electoral, una sociedad civil y una constitución que contiene entre otras la libertad de expresión, información y asociación.

Pero es un modelo que no ha sido diseñado para resolver las injusticias propias de la modernidad y del capitalismo de mercado sino para adaptarse a ellas. Se trata de un sistema que da primacía a la defensa de los intereses individuales y privados y que se limita a resolver los conflictos entre actores domesticando las tendencias violentas sin prestar atención suficiente a los intereses colectivos y a la mejora de las condiciones sociales. Los partidos, actores centrales de la política, son organismos jerárquicos que compiten por el poder y defienden la primacía de sus propios intereses. La democracia representativa se asocia también con otros males como la rigidez institucional, el financiamiento ilegal, la corrupción extendida, la falacia de la separación de poderes, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, el incumplimiento de los programas electorales, la mediatización de la política de salón y la reducida participación electoral y deliberativa.

Para salir de la crisis democrática actual hace falta situar la participación ciudadana deliberativa en el centro del sistema, poner la actividad parlamentaria y del poder ejecutivo al servicio de las decisiones ciudadanas y establecer mecanismos efectivos y permanentes contra el riesgo de ostracismo y degradación del sistema. Un ejemplo: se puede instaurar una democracia evolutiva e híbrida, diseñada para auto-mejorarse permanentemente según un rango de criterios definidos de participación ciudadana y de justicia social, y basada en una “subsidiariedad decisional” de lo general a lo particular. Así, en una sociedad de masas como la de la mayoría de los Estados-nación, se puede usar la democracia directa para decisiones fundacionales sobre valores y arquitectura institucional, una democracia deliberativa basada en conferencias de ciudadanos y otros métodos similares, para decisiones más específicas o de ámbito menor, y finalmente una democracia delegada o representativa como la actual reducida a la elaboración de normas y leyes subsidiarias, supeditada a las orientaciones fundamentales que emergen de los referendos y consultas.

La regularidad, el carácter obligatorio de los resultados de los referendos y de los ejercicios deliberativos, así como su centralidad en el conjunto de la toma de decisiones de los gobiernos correspondientes, harán de esta práctica democrática una herramienta para la emancipación de la ciudadanía. Y esta emancipación se entiende como la construcción progresiva de la responsabilidad de la comunidad sobre su propio destino. Por otro lado, una buena parte del contenido de la profesión política pasaría a ser así un trabajo de animación, mediación y gestión de una participación ciudadana informada y responsable.

Una democracia integral e inclusiva de todos los sectores.

La gobernanza actual se caracteriza por una ausencia de democracia, de participación y de responsabilidad de los diferentes actores en áreas importantes como la empresa, la educación o los medios de comunicación. Por ejemplo, un tercio de la vida del ciudadano medio transcurre en las empresas modernas, lo cual tiene un enorme impacto político, económico, social, cultural, psicológico y hasta físico sobre las personas y las sociedades, y en consecuencia un efecto limitativo sobre el desarrollo de la democracia. En un registro diferente, las relaciones de la humanidad con la biosfera están caracterizadas por valores como la ganancia y el deterioro sin límite para un beneficio inmediato, lo cual pretende ignorar que el deterioro medioambiental irreversible que produce esta actitud irresponsable pasará tarde o temprano factura a la especie humana.

El desafío de una democracia “inclusiva” o “integral” contempla la introducción de mecanismos participativos decisorios en diferentes instituciones sectoriales, desde las pequeñas empresas hasta las multinacionales y las instituciones financieras, pasando por el sistema educativo y los medios de comunicación. Las cooperativas y las empresas sociales y solidarias son modelos exitosos cuyo sistema de toma de decisiones puede ser imitado y extenderse progresivamente a todo el ámbito productivo y de servicios.

Por otro lado, la toma de decisiones ciudadana en materia de medioambiente ha de ser uno de los fundamentos de un nuevo sistema democrático. Ésta presupone un proceso voluntario y progresivo de desconcentración de las relaciones socioeconómicas, de aprendizaje ciudadano de las responsabilidades y de garantía de derechos para la naturaleza, donde las innovaciones se concentren en la intensificación de los intercambios locales y regionales en todo el mundo y el uso generalizado de materiales renovables y técnicas sostenibles. Los intercambios intercontinentales, hoy en día protagonizados por grandes multinacionales que acumulan grandes dosis de poder económico y político, pasarían a un segundo lugar.

Una gobernanza democrática de los territorios y del planeta.

A principios del siglo XXI la democracia representativa liberal está inadaptada a la realidad de una comunidad mundial. Problemas como el hambre, la salud, la pobreza, la seguridad, el hábitat, la educación o la energía ya no pueden ser tratados exclusivamente desde el prisma de los Estados y necesita el desarrollo simultáneo y coordinado de decisiones mundiales, regionales y locales. Hace falta pues cuestionar el carácter exclusivo de las soberanías. La tarea es difícil porque muchos Estados-nación poseen el monopolio de la violencia y la legitimidad de reproducción de valores identitarios en un mundo todavía demasiado nacionalista.

Los mecanismos de frenos y contrapesos diseñados hace 200 años para canalizar los conflictos de intereses, mediante la institución de la independencia de los tres poderes, del sistema bicameral o el multipartidismo, se revelan hoy en día insuficientes ante el poder económico mundial.

En primer lugar, la mundialización ha presionado hacia una transformación del Estado consistente en un poder ejecutivo reforzado, por situarse más próximo de las esferas de decisión internacionales (instituciones internacionales, grandes corporaciones), y en un debilitamiento del poder legislativo, con la consecuente pérdida de democracia que ello implica.

En segundo lugar, no existe una articulación regular y estrecha entre Estados e instituciones internacionales. Éstas, por su lado, ofrecen un sistema de gobernanza mundial que es intrínsecamente débil. Además, su funcionamiento interno es poco democrático. Para acabar, otros factores condicionantes para una gobernanza mundial democrática, justa y responsable están todavía en proceso de gestación, como una sociedad civil internacional fuerte, un sistema de organismos y redes intermedias, una ciudadanía activa y un apoyo educativo a la existencia y desarrollo de éstas. En una gobernanza mundial democrática, la actual combinación de gobierno de los más poderosos (G8, G20, BRICS, Banco Mundial, OMC, FMI) y desgobierno de los mercados, debe ser substituida por un conjunto de instituciones elegidas democráticamente y cuyas funciones y decisiones se tomen de forma subsidiaria, articulada con organismos representativos del resto de las escalas del territorio.

Complementaria a una reforma institucional se precisa una reforma de valores, de objetivos y de mecanismos. Hace falta un modelo que supere la visión neoliberal dominante según la cual la ciudadanía accede al bienestar mediante el libre mercado, pues éste beneficia sólo a algunos y no al conjunto de la sociedad. Una sociedad a escala planetaria no puede permitirse que una parte de sus miembros sea excluida por razones de ética, de convivencia internacional y en última instancia de paz y de seguridad. Por este motivo, hace falta introducir los principios de justicia distributiva y nivelación de las oportunidades económicas de las personas. Para ello se debe establecer un sistema redistributivo internacional mediante la puesta en marcha de una nueva fiscalidad basada en las transacciones financieras, en la distribución energética y en la producción y venta de armas, entre otros. Esto permitiría multiplicar los actuales escasísimos recursos puestos a disposición del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, y desarrollar verdaderos “programas Marshall” a escala mundial.

En tercer lugar, se precisa reubicar el concepto exclusivo de soberanía desde los Estados-nación hacia todas las escalas del territorio y establecer modos estables de regulación de la articulación entre todas sus instituciones. A escala local se precisa la construcción, reconstrucción y diseminación de asambleas populares de vecinos y habitantes de pequeños territorios y ciudades, cuyas resoluciones determinen subsidiariamente la agenda de otras instituciones de escalas mayores.