Algunos apuntes sobre el derecho de autodeterminación económica

Las relaciones económicas conforman el esqueleto que une las sociedades, de ahí la necesidad de democratizar la toma de decisiones que conciernen sus reglas de juego fundamentales. Este artículo plantea la propuesta de la autodeterminación económica, es decir el derecho de la ciudadanía a decidir democráticamente qué modelo o modelos económicos quiere y cuáles han de ser sus características fundamentales. ¿Están los ciudadanos capacitados para dar una opinión vinculante sobre economía, capaz de generar una sociedad socialmente eficaz y prospera? quizás quien dude de esta posibilidad parte a su vez de dos premisas falsas según las cuales por un lado, los políticos y los expertos se equivocan menos que la opinión popular, y por otro esta opinión popular está mejor capacitada para elegir personas, los representantes políticos, que para elegir opciones, en este caso responder, por ejemplo, a un cuestionario simple en el que optar entre diferentes respuestas entorno a los temas de trabajo, finanzas, impuestos, propiedad y actores económicos.

Las relaciones económicas son el esqueleto que une las sociedades. De ahi la necesidad de democratizar la toma de decisiones que conciernen sus reglas de juego fundamentales.

Las relaciones económicas son el resultado de estrategias que los seres humanos organizamos para lograr nuestro sustento. Las necesidades materiales están situadas en la base de la pirámide de las necesidades que conforman el desarrollo humano integral, por ello, el derecho ciudadano a decidir cuales han de ser los rasgos fundamentales de un modelo económico de sociedad, se revela como un elemento fundamental de la normalización democrática de nuestras sociedades.

A lo largo de la historia, las uniones entre mercados han precedido las uniones políticas y de valores. Tradicionalmente, los mercados han unido las sociedades, mientras que la cultura, los valores y los sistemas políticos han reequilibrado la balanza en favor de la diversidad, es decir de la libertad colectiva como expresión de autoafirmación frente a la asimilación y la concentración de poder que resultaba de una red de intercambios económicos establecida entre unos más fuertes y otros más débiles. La mundialización económica contemporánea es el primer capítulo de la construcción de una comunidad humana, la consumación de una economía-mundo a escala mundial, en lenguaje del estructuralismo marxista. Cualquier proyecto de “mundialización social” o política que quiera equilibrar este orden económico, afronta dos retos, uno, evidente, de construir los medios o la autoridad para regularizar la economía mundial, pero también otro, no menos necesario, de desafiar las limitaciones del discurso de los sistemas representativos de los estados nación, que tradicionalmente han sido más puntos de apoyo que no adversarios, de la mundialización económica..

El derecho ciudadano a la autodeterminación económica es un instrumento innovador que afronta a la vez estos tres retos. Democratizar, en clave de voz ciudadana (participación por democracia directa) y a escala internacional (coordinación política más allá de los estados), el debate sobre la regularización del primer y mayor motor de la expansión de la modernidad: las relaciones económicas (domesticar la “mano invisible” que suele ser la del más fuerte).

Lo he bautizado "derecho de autodeterminación" y no "derecho de determinación", pues considero que su ejercicio debe contemplar el principio de subsidiariedad, de manera que las escalas inferiores del territorio determinen, en la medida de lo posible, qué modelo económico quieren para sí, y en consecuencia qué tipo de relaciones quieren con los demás. En caso de llevarse a la práctica, la economía internacional resultante sería, en consecuencia, producto de la configuración y la interacción entre las características de los diferentes modelos territoriales.

Los modelos económicos en el mundo actual

Las relaciones económicas se rigen actualmente en la mayoría de países, así como a escala internacional, por el capitalismo. Este sistema económico se caracteriza por un papel fundamental de la propiedad privada, de competencia en el libre mercado, libertad del sistema o política de precios, el interés o beneficio propio como motivación principal, y una intervención limitada del gobierno e instituciones públicas, aunque ésta pueda variar según los países. Además, la cultura capitalista se basa en valores como el materialismo, el individualismo, la competitividad, el consumismo y el afán de auto-superación.

Las relaciones económicas precapitalistas de algunas sociedades primitivas, reconocidas por el derecho consuetudinario en áreas locales de algunos países, son hoy en día marginales y sus prácticas a menudo contaminadas por los valores de la cultura capitalista dominante.

Del antiguo bloque comunista, dos países han instaurado de facto una economía mixta privada - pública (Vietnam, China), mientras que otros (Cuba, Corea del Norte) mantienen el modelo comunista (propiedad estatal, mercado planificado, precios fijos, intervención pública dominante). La economía privada se ha introducida en sectores muy puntuales pero que generan bastante riqueza. Estos países se rigen por el capitalismo en sus relaciones internacionales. Por otro lado en América Latina, Venezuela, Ecuador y en cierto modo Bolivia y otros, están ensayando una transición hacia lo que se ha denominado el "socialismo del siglo XXI" que pretende sustentarse en cuatro ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base. En cualquier caso, la población de todos estos países no supera 1/5 de la del planeta, especialmente por el peso de China.

Las instituciones y la legislación de algunos países empiezan también a reconocer y a promover la economía social o solidaria. Se trata de un reconocimiento vago, que solamente se puede avalar en prácticas puntuales, fragmentadas o sectoriales que no llegan a predominar aún en la economía de ningún país. La economía social o solidaria no es todavía un modelo en sí mismo sino un conjunto de prácticas emergentes, que a veces intentan articularse para formar un modelo pero que al mismo tiempo siempre conviven con la economía dominante. Algunas de estas prácticas son la moneda social, el comercio justo, los sistemas de intercambio de conocimiento, las finanzas solidarias, la microfinanza o la propiedad libre.

¿Quién determina las reglas de la economía internacional?

La Organización Mundial del Comercio, organismo internacional integrado por 148 de los 193 estados del planeta, tiene máxima competencia sobre la determinación de las reglas que rigen el comercio entre los países. El objetivo establecido explícitamente en sus acuerdos es la reducción de obstáculos al libre intercambio de productos.. La representatividad en la OMC se basa en la fórmula 1 estado = 1 voto, pero en la práctica los países más ricos dictan su política.

El Fondo Monetario Internacional es el organismo internacional que tiene entre otros objetivos “promover la estabilidad de los cambios”, “ayudar a los países con dificultades en su balanzas de pagos”, “asegurar la estabilidad del sistema financiero” y la liquidez del sistema monetario. Otorga créditos de solvencia para solucionar problemas puntuales de liquidez, sin haber podido prevenirlos y además acentuando la miseria a medio y largo plazo. Sus condiciones de inversión, de facto obligatorias para muchos países, son los planes de ajuste estructural (reducción de gasto público que condenan el desarrollo social) y programas de privatización generalizada de bienes y servicios como la educación, los transportes y la sanidad. La representatividad en el FMI se basa en la fórmula 1 dólar = 1 voto, que da valor legal al monopolio de poder por los países ricos así como recientemente, aunque aún en menor medida respecto a su peso demográfico, a algunas economías emergentes como China o Brasil.

Los precios se determinan, en el mercado internacional, libremente bajo la ley de la oferta y la demanda. La variación enorme de los precios y de los cambios de divisas por motivo de la concurrencia sin control, de las estrategias monopolísticas de algunos y de la especulación, lleva al hundimiento de las economías de países enteros y a la miseria de sus sociedades.

Las condiciones del comercio internacional forman parte del derecho internacional económico que a su vez se fundamenta en las legislaciones nacionales y tratados internacionales, que determinan el apoyo a la economía de mercado, a la propiedad privada y a la liberalización de precios, así como al control capitalista de la economía y del subdesarrollo con recomendación de políticas de estrangulamiento basadas en el recorte social, el pago de la deuda astronómica y la liberalización de servicios, entre otros.

¿Por qué la ciudadanía debe decidir el modelo económico? Fundamentos de un derecho de autodeterminación económica

Numerosos estudios en ciencia política avalan la afirmación según la cual los partidos se construyen entorno a personas y grupos con poder económico, siendo así que los candidatos designados por los partidos atiendan más a los intereses de estos grupos que ejercen control real sobre el partido, y se comprometen menos con los votantes que les han permitido acceder a un cargo de gobierno. Siendo que estas elites económicas se reproducen históricamente en todos los estados e interactúan ampliamente con los partidos, ocurre que la representatividad de los votados pasa de ser una práctica real a un formalismo, en el cual estos tienen verdaderas dificultades para hacer valer sus intereses y necesidades.

Esta realidad pone en tela de juicio la capacidad estructural que la representatividad delegada tiene, como elemento central de las democracias liberales contemporáneas, para hacer cumplir los diferentes derechos firmados solemnemente por muchos estados, en tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Y acontece que es precisamente la incapacidad de cumplir estos derechos el obstáculo principal que, desde un punto de vista político y jurídico, encaran las sociedades humanas en tiempos de mundialización para alcanzar una comunidad humana justa, responsable y democrática. Las consecuencias de ese vacío en la práctica legal, las sufren miles de millones de personas que padecen y mueren, por falta de acceso a los servicios básicos y a los derechos necesarios que les garanticen una vida en dignidad, cuando las condiciones materiales y políticas son suficientes y sobrantes para que esos servicios y derechos se garanticen universalmente.

Así, el carácter fundamental que la autodeterminación de un modelo económico tiene en la capacidad de una sociedad, para establecer la garantía de condiciones de vida digna para todos sus integrantes, hacen imperativo que los aspectos fundamentales que definen la economía (trabajo, moneda, impuestos, propiedad, actores económicos) sean sometidos a la voluntad de toda la ciudadanía, expresada directamente.

Por otro lado, la transmisión de la expresión de la voluntad ciudadana sobre el funcionamiento económico de la sociedad no dispone hoy en día de medios adecuados o eficaces. Los medios existentes, demasiado indirectos, son dos: en primer lugar la elaboración, en el marco del ejercicio de la función legislativa, de iniciativas parlamentarias que van a determinar las líneas generales de la política económica de un país, sin rendir cuentas a nadie y en función de intereses, como se ha dicho más arriba, a menudo diferentes de los de la ciudadanía, y además influenciados por la presión de una globalización galopante. En segundo lugar, en ocasiones históricas excepcionales en los países de democracia representativa, el voto por referéndum de textos constitucionales en bloque. En efecto, estos textos contienen casi siempre una parte consagrada a la descripción de un modelo económico, pero este no ha sido votado ni debatido separadamente en ningún caso, a lo largo de la historia de la democracia.

¿Están los ciudadanos capacitados e informados para decidir la forma de economía que quieren?

Cada uno de las teorías y corrientes que fundamentan los diferentes modelos económicos, puestos en práctica a lo largo de la historia, o a veces solamente teorizados, se les supone disponiendo de unos fundamentos filosóficos, analíticos, cuantitativos y prospectivos importantes, elaborados pacientemente por miríadas de economistas y de otros analistas y científicos sociales.

Sin embargo, hoy en día se puede decir que en una mayoría de países, la generalización de la educación básica, ha permitido el desarrollo de nuevas generaciones de ciudadanos dotados de una cultura general suficiente para poder interpretar, quizás con ayuda de una divulgación o revisión de algunas ideas y conceptos, las nociones básicas de la economía y el bienestar nacional e internacional a partir de ejemplos similares en sus ámbitos particular y de proximidad. Este apoyo es una garantía posible e imprescindible para la gestión de la autodeterminación económica.

Así, la economía, aun ser una ciencia compleja, es en el mundo real, fácilmente comprensible para todos en sus fundamentos básicos gracias a una práctica cotidiana. Muchos tenemos una idea general, así como a menudo una mínima opinión formada, y en general una capacidad de comprender, elementos tales como el coste de la vida, la diferencia entre propiedad privada y pública, los prestamos, el valor de las divisas, los tipos de impuestos, los derechos y responsabilidades de trabajadores y empresarios, etc.

Cuestiones que preceden al desafío del ejercicio de la autodeterminación económica.

¿Qué preguntas podemos hacernos a la hora de plantear los modos posibles de ejercer la autodeterminación económica? He aquí algunas: en primer lugar sobre el alcance temático de la toma de decisiones, en segundo lugar sobre la naturaleza y formato que definen este ejercicio, en tercer lugar sobre el ritmo o periodo de desarrollo del ejercicio, finalmente, sobre la determinación de la escala concernida por la consulta a la vez que por los resultados.

El alcance temático mínimo que creemos debe abarcar el derecho de autodeterminación, concierne el debate y la pronunciación entorno a los puntos siguientes, algunos evocados en el apartado anterior:

_ a) categorías de propiedad (por ejemplo: pública, privada, colectiva), y categorías de bienes sobre las cuales se aplican (recursos limitados, ilimitados, inmateriales...)
_ b) tipos de actores económicos (por ejemplo: empresas privadas, cooperativas, sociedad civil), y cuestiones básicas de su funcionamiento (por ejemplo: responsabilidad ética, toma de decisiones internas, baremos salariales...)
_ c) sistema financiero y monetario (sistema de precios y de intereses, intercambios financieros, condiciones de los préstamos, tipos de paridad entre monedas...)
_ d) sistema de impuestos (qué productos y actividades gravar, con qué progresividad, qué otras condiciones)
_ e) naturaleza y derecho del trabajo (derechos y responsabilidades de los actores implicados en la producción: ciudadanía, empresarios y otros actores económicos, esfera pública...)

La autodeterminación puede ejercerse mediante una consulta puntual (similar a un referéndum), mediante una dinámica de debates ciudadanos de duración mayor (similares a los "consejos ciudadanos"), o también mediante una combinación de estas y otras soluciones. Eso quiere decir que la imparcialidad o neutralidad será el criterio primordial para la elección de la población concernida, y que esta puede garantizarse mediante la universalidad (referéndum) o mediante una representación por sorteo que respete una proporcionalidad representativa de diversas categorías culturales, económicas, sociales y territoriales ("consejo ciudadano")

El formato de la consulta puede variar desde la simplicidad de un referéndum-cuestionario hasta la complejidad de los debates participativos. En el caso más simple incluiría una lista de al menos 5 preguntas sencillas con 3-5 opciones de respuesta cada una (que pueden corresponder a los temas mencionados más arriba) en un formulario de una página A4. Otras opciones podrían derivar hacia formularios más elaborados que formen parte de procesos de debate complejos, dinámicos y en etapas sucesivas, siguiendo el modelo ya mencionado de los "consejos ciudadanos".

La determinación de la periodicidad de la consulta debe hacerse teniendo en cuenta el tiempo que un modelo económico necesita para probar su eficacia. En cualquier caso con toda seguridad no puede ser menor de una, dos o tres décadas. Si bien cada uno de los temas concernidos puede ser objeto de consultas separadas cuya celebración se disperse durante períodos de tiempo variables.

Finalmente, determinar la escala de alcance de la consulta así como de la aplicación de sus resultados, es establecer una forma directa de sumisión del conjunto de la globalización económica al principio de la democracia. Se trata ni más ni menos que redefinir el tamaño y ubicación geográfica de los mercados, en función de la escala del territorio de la comunidad política que toma la decisión. Es sin duda el mayor desafío que afrontaría la aplicación del ejercicio de autodeterminación económica, pues en la práctica significaría someter a la expresión de la voluntad democrática, tanto la soberanía política de los estados, como la misma existencia de un único mercado global.

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